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Lo que la reforma laboral esconde II

albanil_2Desde la aprobación del Estatuto de los Trabajadores en 1980, se han ido aprobando cada dos años (tanto por el partido socialista como el popular) sucesivas reformas laborales, y todas ellas han ido en la misma dirección (incrementar la precariedad de los empleos, abaratar el despido, desregular el mercado de trabajo y conceder más poder a los empresarios para que puedan modificar a su conveniencia las condiciones laborales) y todas ellas también se han justificado recurriendo a la excusa de la creación de empleo.

Al principio, se usó el argumento de que mejor es un empleo precario que ninguno, y al son de esta cantinela proliferaron todo tipo de contratos temporales. Las reformas no sirvieron para crear más puestos de trabajo, pero sí para que los generados fuesen de carácter precario.

Es un proceso al infinito. Ninguna de las reformas emprendidas ha servido para reducir los niveles de paro, más bien el resultado ha sido el contrario. Ahora bien, los intereses en juego son tan grandes y cuentan con tantos altavoces publicitarios que se niega lo evidente y, una y otra vez, se reclama una nueva reforma laboral, cada vez más agresiva y más dura.

En ningún país como en España los empresarios han podido trasladar con tanta celeridad el coste de la crisis a los trabajadores, mediante el despido y la destrucción de puestos de trabajo.

Ciertamente, la reforma aprobada es muy agresiva, ya que no solo abarata de manera significativa el despido, sino que elimina las garantías de los trabajadores dejando a la voluntad y discrecionalidad del empresario la modificación de todas las condiciones laborales bajo la amenaza de ir a incrementar la lista de parados.

Una medida de la nueva reforma desenmascara a la perfección la falacia de que su finalidad sea la creación de empleo y deja bien a las claras que lo único que se pretende es abaratar el despido. Resulta evidente que ésta nueva reforma laboral no constituye una aliciente para contratar, si embargo, si puede representar un aliciente para despedir a los padres y contratar después, por mucho menos dinero, a los hijos. Y una nueva mentira aparece cuando se denomina contrato indefinido a este nuevo contrato creado para las PYMES con un año de prueba y fuertes subvenciones. Han inventado el contrato temporal indefinido.

LOS DESTALLES DE LA REFORMA LABORAL

¿Qué contratos indefinidos habrá a partir de ahora?

El contrato indefinido ordinario, de 45 días de indemnización por año trabajado, desaparece. A partir de ahora, todos los contratos indefinidos tendrán 33 días de indemnización por año trabajado.

Se crea un nuevo contrato indefinido dirigido a las empresas de menos de 50 trabajadores (más del 95% del tejido productivo del país), que establece, entre otras peculiaridades, un periodo de pruebas de un año y que gozará de una deducción de 3.000 euros por la contratación de un primer empleado menor de 30 años. Con ello, resultarán en la práctica innecesarios los contratos temporales por debajo de esa duración: durante el periodo de prueba el contrato se puede rescindir sin justificación ni indemnización alguna, por lo que de un plumazo han quedado derogadas de hecho las regulaciones de los contratos temporales, que exigen una causa de temporalidad para ser suscritos y disponen de una indemnización de 8 días por año de trabajo a su finalización.

¿Se tocan los derechos adquiridos?

El Gobierno sostiene que no, pero en la práctica los cambios también afectan a las personas que en la actualidad tienen contratos de 45 días. En caso de despido, las indemnizaciones de estos trabajadores se calcularán en función del tiempo que hayan cotizado con el contrato de 45 días (hasta día en que entra en vigor la norma) y el tiempo que hayan trabajado con el de 33 días (a partir del día en que entra en vigor la norma).Desde la entrada en vigor de la norma, todos los contratos indefinidos nuevos que se registren tendrán una indemnización de 33 días por año trabajado con un máximo de 24 mensualidades. El tope de mensualidades en el caso de los trabajadores que ya tengan un contrato de 45 días se calculará en base al tiempo que hayan cotizado con ese tipo de contrato y, a partir de su entrada en vigor, con el de 33 días.

¿Cómo se despedirá a partir de ahora?

El Gobierno defiende que su reforma laboral aclarará las causas objetivas por las que se despide a los trabajadores. En la práctica, el despido improcedente desaparece, ya que, de entrada, todos los trabajadores podrán ser despedidos con 20 días de indemnización por año trabajado, con un máximo de 12 mensualidades (la indemnización ordinaria que se paga en caso de despido objetivo, es decir, por causas económicas, organizativas, técnicas o de producción a partir de ahora, será suficiente con probar que se haya producido una disminución de los ingresos o ventas durante tres trimestres consecutivos, nueve meses). Los trabajadores podrán recurrir a la Justicia y será el juez el que determine si existió o no causa económica para despedir. Si no la hubo, el trabajador tendrá entonces derecho a su indemnización de 33 días por año trabajado (o la fórmula que le corresponda si su contrato era de 45 días). Se elimina el pago de los llamados salarios de tramitación (los salarios que correspondían al periodo desde que se recurría el despido hasta la resolución judicial) que en caso de que el trabajador ganara el recurso tenía que pagarle el empresario. No obstante, estos salarios ya estaban limitados por reformas anteriores.

¿Qué pasa con los expedientes de regulación de empleo?

Desde que entre en vigor la norma, los empresarios podrán aplicar expedientes de regulación de empleo (ERE) sin necesidad de obtener el visto bueno de la autoridad laboral, algo que hasta ahora era preceptivo. Simplemente, tendrán que comunicarlo a la autoridad laboral y abrir un periodo de consultas con los representantes de los trabajadores. Si durante ese periodo ambas partes no llegan a un acuerdo, el empresario podrá imponer unilateralmente sus condiciones. La decisión será recurrible por los trabajadores a nivel judicial. Las empresas que despidan a más de cien trabajadores tendrán que contratar a una empresa externa de colocación durante al menos seis meses. La autorización de la administración también desaparece en el caso de los ERE de suspensión o reducción de jornada (que son temporales, no de extinción definitiva), es decir, un empresario podrá imponer una modificación de la jornada a sus trabajadores.

¿Se tocan las prestaciones por desempleo?

No, pero se aplicará la norma actual con extrema rigidez. Esto quiere decir que las personas en paro que rechacen tres ofertas de trabajo perderán su derecho a la prestación de desempleo. Se controlará el cobro injustificado de prestaciones mediante el cruce de datos de diferentes organismos. Al mismo tiempo, "se impulsará" que las personas en paro realicen "servicios de interés general en beneficio de la comunidad" a través de convenios de colaboración con las administraciones públicas.

¿Qué cambios se introducen para las administraciones y el personal laboral?

A partir de ahora, las administraciones, organismos y entidades que forman parte del sector público podrán invocar causas económicas, técnicas, organizativas y de producción para despedir. Es decir, hacer despidos por causas objetivas similares a las que funcionan en las empresas privadas. No podrán despedir a funcionarios, pero sí al personal laboral indefinido que haya accedido a su puesto mediante oposiciones.

¿Qué convenio marcará mis condiciones de trabajo?

El de empresa, que primará sobre todos los demás, digan lo que digan empresarios y patronal. Además, el Gobierno ha limitado la llamada ultraactividad: a partir de ahora, un convenio sólo seguirá siendo válido durante dos años desde que termina su vigencia. Hasta ahora, el convenio seguía en vigor hasta que se negociaba uno nuevo para evitar que los trabajadores perdieran derechos adquiridos. Ahora, decaerá a los dos años de caducar y los derechos y condiciones de los trabajadores tendrán que ser negociados desde cero.

¿Habrá más flexibilidad interna?

Las empresas podrán ‘descolgarse', es decir, no aplicar, cualquier parte del convenio, algo que ya figuraba de forma casi idéntica en el acuerdo que alcanzaron patronal y sindicatos (algo que han firmado los sindicatos y ahora se echan mano a la cabeza). Sin embargo, el Gobierno introduce una novedad: si no hay acuerdo para aplicar la flexibilidad, la mediación entre las partes no ha funcionado y no se ha pactado acudir a un árbitro, será la Comisión Consultiva de Convenios Colectivos la que decida.

                                                                                  Asociación Internacional de Trabajadores